Violencia en el Refugio

Sabidos son los avances legislativos que se han logrado en los últimos años, en materia de violencia de género. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial se han sancionado leyes destinadas a la protección de las mujeres víctimas de violencia. Adecuándose, de esta manera, la legislación interna a un marco internacional que ya venía impulsando tales avances desde la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en adelante.

Estas leyes no se detienen en reconocer derechos de igualdad a la mujer relacionados con patrones socio-culturales retrógrados, sino que propone un nuevo paradigma en las políticas públicas del Estado de acuerdo con el deber que éste tiene de garantizar y proteger los derechos de toda mujer a una vida sin violencia y sin discriminación. Temática en el cual, desde hace años, vienen trabajando distintas organizaciones sociales y culturales.

En este marco, en el mes de Julio, se presentaron ante la Clínica Jurídica de Derechos Humanos dos personas, dándonos a conocer la situación en que se encontraban un grupo de mujeres y niños albergados en lo que se hace llamar un Refugio para Víctimas de Violencia Familiar, encontrándose el mismo en pésimas condiciones edilicias, incluso hasta hace poco tiempo, sin otra abertura más que la puerta de entrada. Las autoridades de la institución se encuentran sospechadas de someter a las mujeres y a los niños que habitan el lugar, a malos tratos, incluso hasta han recibido denuncias por trata, violaciones y secuestro de menores. Un lugar que no cuenta con ningún tipo de programa que ayude a estas personas a reinsertarse en la vida social y laboral de una manera independiente, sin ningún tipo de ayuda psicológica y mucho menos económico. A estas mujeres y niños se les retiene la documentación y se lxs obliga a trabajar hasta que muchas de ellas deciden escaparse o son expulsadas del mismo, sin contar con un lugar a donde ir con sus hijos e hijas.

Todo esto posibilitado por la aquiescencia de las autoridades públicas, las cuales pese a tomar conocimiento de esta situación por diversas denuncias, permanecieron en silencio hasta la fecha de hoy.

Ante lo expuesto desde Clínica Jurídica de Derechos Humanos y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género tomamos intervención, teniendo como principal objetivo resolver la situación por la que atravesaban dos hermanas alojadas en este Refugio, quienes teniendo capacidades diferentes, no recordaban ni siquiera su propia identidad. Estas chicas llegaron a la institución luego de haber vivido mucho tiempo en un contexto sumamente violento, sufriendo violencia en su hogar, la que luego se prolongo en el Refugio. Una de ellas, incluso se encontró en riesgo de vida producto de un cuadro infeccioso grave consecuencia de las pésimas condiciones de higiene del lugar. La administradora del Refugio se negó a brindarle atención médica profesional, y no fue sino hasta la intervención de esta Clínica, que las hermanas tuvieron acceso a un tratamiento de salud adecuado.

El día 16 de agosto se presentó una denuncia ante el juzgado Nº 4 del Fuero de Familia, especializado en la materia de violencia, salud mental y niñez, con el objetivo de poner en conocimiento del juez la situación de estas hermanas en particular, y las condiciones del Refugio en general. Solicitando de manera urgente la intervención del órgano judicial y el traslado de las niñas a una institución adecuada que permitiera el pleno desarrollo de sus capacidades y en especial para salvaguardar su salud. Es de destacar la celeridad en el obrar de este juzgado quienes rápidamente lograron el traslado de las hermanas hacia una institución adecuada para sus condiciones.

En lo que respecta al refugio la situación todavía no se ha modificado, la falta de regulación adecuada en lo que es materia de Refugios para víctimas de violencia de género torna dificultoso su control y da lugar a que las autoridades miren para otro lado. Todo lo sucedido debería instarnos como sociedad a tomar conciencia que aunque el dictado de leyes en materia de violencia sea un paso importante, todavía queda mucho camino por recorrer para lograr la verdadera protección de esta parte tan vulnerable de población.